Despojo de Tierras en Progreso en el sur de Bolívar

Los campesinos del Garzal en el sur de Bolívar ven amenazada la permanencia en su territorio. El Juzgado de Simití a través de acciones legales, busca entregar los títulos de sus tierras a los herederos del presunto paramilitar Manuel Enrique Barreto Esguerra, lo que constituiría un despojo formal contra población vulnerable. 

La situación inició el pasado 23 de septiembre de 2.011, cuando se dirigieron al corregimiento del Garzal funcionarios del juzgado y el abogado Familia Barreto quienes caminaron por estos predios. Posteriormente, anunciaron la realización de la Inspección Judicial, sin embargo los campesinos, entre los que se encontraba el Presidente de la Junta de Acción Comunal Salvador Alcántara, le anunciaron la ausencia de notificación.

Según testimonios de la comunidad el juez anunció que “iba a hacer acto de presencia pero que no se iba a hacer la inspección ocular, que se quería comenzar por la mediciones de cada parcela y que se reconocería el derecho a la gente que estuviera en su tierra”.

Aun así la semana del 7 al 11 de Octubre de 2011 conocieron que la inspección ocular ya se había realizado; que el Juez había declarado la existencia de los predios de la familia Barreto; y que sólo quedaba medir los mismos.

Encuentran entonces dos actas de inspección judicial con fecha del 23 de septiembre de 2.011, en una de las cuales aparece el siguiente texto “Se deja constancia que a esta diligencia no compareció el apoderado judicial de los demandados, como tampoco los demandados a pesar de habérseles notificado con la debida anticipación”. Lo cual es falso, y evidencia la intención del Juez de dejar por fuera del proceso a los campesinos del Garzal.

Actualmente los campesinos solicitan la nulidad de dicha inspección ocular, y a la vez piden que el INCODER designe una comisión que realice esta diligencia. Consideran además que estos hechos constituyen una violación del derecho fundamental al debido proceso y la integridad en la honra y bienes de la comunidad.

Cerca de 350 familias en Simití, departamento de Bolívar se encuentran en riesgo de despojo y desplazamiento. El territorio que han ocupado por 45 años es reclamado por un particular, la disputa es por 9.000 hectáreas de tierra.

El objetivo de quien ha diligenciado una demanda que acusa a los campesinos de ser invasores, es iniciar el monocultivo de palma aceitera. El juez encargado del caso ha intentado en varias ocasiones realizar una inspección ocular, el viernes 29 de octubre fue la última fecha que se fijó para tal diligencia. 

Sin embargo, la intención de examinar los predios para reconocérselos legalmente al demandante fue truncada por la acción de la Asociación de Productores Alternativos de Simití (ASPROAS). Esta organización viene trabajando para el desmonte de estas actividades, y la dilatación de las mismas hasta que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) responda administrativamente a los afectados. 

Estos terrenos que son considerados baldíos porque se encuentran dentro de los límites territoriales del Estado y carecen de otro dueño, han sido habitados por familias campesinas que basan su sustento y cultura en los mismos. Y el avance de esta gestión no ofrece ninguna garantía de seguridad y permanencia, por lo cual genera un rompimiento en las dinámicas cotidianas de los pobladores y una gran preocupación por su posible desplazamiento. 

Actualmente con la ayuda de un equipo jurídico, se estableció una demanda ante el mismo despacho por el derecho de pertenencia de las personas que habitan dicho espacio. Se espera además que con la ayuda de la comunidad internacional y defensores de derechos humanos, se realice un acompañamiento y seguimiento para garantizar que el fallo que se emita sea justo y goce del debido proceso. 

Los campesinos de esta región consideran el territorio como su medio de vida, y conscientes de la importancia del mismo defienden pacíficamente su relación con la naturaleza.

Conoce más en: http://pazdesdelabase.org/