Colombia, 19 de mayo del 2022

Nuestro objetivo principal es avanzar en la superación del hambre, la malnutrición, las inequidades y la dependencia alimentaria en Colombia, la generación de ambientes alimentarios adecuados y saludables, la transformación de los sistemas alimentarios, el fortalecimiento de los sistemas alimentarios propios, ayudar a proteger los ecosistemas y avanzar hacia formas limpias en la producción de alimentos, todo lo cual nos permitirá́ avanzar en la realización del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y la Soberanía Alimentaria.

Guiados por ese objetivo, las organizaciones firmantes de este mandato nos dirigimos a los candidatos presidenciales y desde ya a la nueva presidencia que se posesionará el próximo 7 agosto y al nuevo Congreso que iniciará labores el próximo 20 de julio y a ellos.

MANDATAMOS:

1.  Medidas para crear ambientes y entornos alimentarios saludables, reducir el impacto ambiental de la producción y consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados y promover las economías campesinas y economías locales de los grupos étnicos.

• Realizar campañas en medios masivos de comunicación nacionales, regionales y comunitarios que inviten a reducir el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados y de nutrientes críticos como el sodio, el azúcar y las grasas trans, señalando sus impactos en la salud.
• Elaborar normatividad que regule y restrinja la publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados cuando esté dirigida a niños, niñas y adolescentes.
• Promover desde todas las instancias del gobierno nacional el consumo de alimentos saludables provenientes de las economías campesinas y apoyar también las economías propias de los grupos étnicos.
• Implementar el etiquetado frontal de advertencia para los productos comestibles y bebibles ultraprocesados que fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2120 de 2021 “Ley Comida Chatarra”, y elaborar una reglamentación de dicha ley acorde con la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés, que proporcione información útil y comprensible a los consumidores, de forma que pueda orientar mejores decisiones hacia una alimentación saludable.
• Convertir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una política de Estado, garante del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas de niñas, niños y adolescentes, así como de sus derechos conexos como la vida, la salud, la educación, el agua y el medio ambiente sano.
  Para ello el PAE debe cumplir con criterios de: i) universalidad, pues no pueden seguirse generando situaciones de discriminación al interior de las aulas; ii) adecuabilidad, en términos de pertinencia cultural, territorial, nutricional y respondiendo a condiciones de necesidades especiales, en donde se garantice el acceso a alimentos reales y naturales, provenientes de la agricultura campesina, familiar, comunitaria y de los grupos étnicos y se prohíban los comestibles y bebibles ultraprocesados, que tanto daño le han causado a las infancias; iii) participación de la sociedad civil, con mecanismos de veeduría y exigibilidad que sean efectivos; iv) sostenibilidad política y financiera, garantizando recursos económicos y técnicos; v) justiciabilidad, para que las personas e instituciones responsables de situaciones de corrupción, reciban las sanciones adecuadas por el detrimento al patrimonio público y por incurrir en violaciones de Derechos Humanos; vi) garantizar la dignidad y los derechos laborales de las personas que participan en su ejecución; y, vii) protección del influjo de los intereses particulares de las corporaciones. Además, exigimos compromiso decidido del gobierno nacional y de los congresistas con los entornos escolares alimentarios saludables.

Descargar documento completo aquí