Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales

La sociedad moderna se enfrenta a una crisis extraordinaria.

Es una crisis civilizatoria que se ha estado gestando a lo largo de cientos de años. En su centro se encuentran algunas “personas”(1), que hoy poseen y controlan más de la mitad de la riqueza global; explotan impunemente tanto a la naturaleza como a la humanidad en pos de generar ganancia. Las consecuencias de sus acciones son contundentes. Al momento de escribir estas palabras, la mayoría de la población mundial se encuentra en cuarentena. El COVID-19 y su impacto está presente en los diálogos públicos y privados en todo el mundo. Mientras los gobiernos se empeñan en intentar detener la propagación del virus y salvar a sus ciudadanos, las repercusiones económicas de la crisis amenazan con desbaratar los medios de subsistencia y las vidas de miles de millones de personas.

Nadie se ha librado del virus. Sin embargo, son los trabajadores y trabajadoras urbanas y rurales, migrantes, Campesinas y Campesinos y pueblos originarios, en su gran mayoría sin acceso a sistemas de salud pública de calidad, quienes se encuentran en la posición de mayor vulnerabilidad, al igual que las personas de mayor edad y con condiciones de salud preexistentes.

El miedo por la salud no es la única preocupación. En muchos lugares del mundo las fábricas están despidiendo trabajadores y trabajadores y los gobiernos están cerrando mercados campesinos rurales y periurbanos. A medida que se implementan estrictas medidas de cuarentena, los productores y productoras de alimentos a pequeña escala tienen dificultades para comercializar su producción; los pescadores no pueden entrar al mar, los pastores no pueden arrear el ganado y se restringe a los pueblos originarios el acceso a los bosques. El resultado es un mundo que pronto se enfrentará a un incremento de hambre y pobreza, quizás varias veces más graves de lo que ya hemos visto en las últimas dos décadas. Mientras tanto, los Estados con tendencias dictatoriales encontraron en esta crisis una oportunidad de legitimar la vigilancia masiva, socavando los procesos democráticos y desmantelando paulatinamente la libertad de asociación y el disenso organizado.