BOLETÍN 02. REDES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

La premisa “quédate en casa” les cuesta la vida a mujeres en Colombia

Con el aislamiento preventivo obligatorio y la premisa “quédate en casa” debido a la pandemia del COVID-19 oficializado por el gobierno colombiano, ha puesto en evidencia las violencias basadas en género (VBG) que trascurren en el ámbito familiar[1] de las mujeres. Con respecto a las mujeres rurales, las condiciones de violencia se agudizan, debido a la inequidad y las condiciones de pobreza que incrementa la violencia en su contra como se ilustra a continuación:

1. Las condiciones de déficit habitacional y hacinamiento[2] donde conviven hasta 6 miembros de las familias, lo que hace más vulnerables las mujeres, niñas y niños. Algunas mujeres han informado que no solo son maltratadas por sus parejas, también las están maltratando sus hermanos.

2. Para el caso de las mujeres vinculadas con actividades de producción de alimentos en sus huertas y en las fincas que les permite cubrir parte del alimento, tienen dificultad para la comercialización de sus productos lo que disminuye sus ingresos y afecta la economía familiar. Esta situación genera tensiones en las mujeres, especialmente en quienes son cabeza de familia; en otros casos genera conflictos al interior de los hogares que en ocasiones desencadenan en agresiones físicas.

3. Otras mujeres, dependen de las actividades económicas informarles para generar ingresos. El no contar con dinero para cubrir sus necesidades como el alimento y la salud, se convirtió en su mayor preocupación, dado que son ellas quienes proveen en mayor medida los alimentos diarios de la familia.

4. Estar en casa ha significado una carga adicional para las mujeres quienes además de asumir las actividades productivas y domésticas que de manera tradicional se asocian al rol femenino, ahora se ocupan de la orientación a hijos e hijas en actividades académicas; hecho que aumenta las horas de dedicación a estas actividades y causa efectos a nivel físico y emocional, entre los que identifican el agotamiento físico, inestabilidad emocional y la dificultad para conciliar el sueño.

5. Las mujeres líderes de las comunidades coinciden en que persisten las limitaciones en el acceso a rutas de atención para casos de VBG que existían antes del COVID-19 y se ha profundizado la desinformación, la desconfianza institucional y el miedo a la denuncia.

6. Las mujeres tienen miedo a hacer algo que contradiga y moleste a sus compañeros o esposos porque saben que sigue el insulto de mil formas, y posiblemente un golpe y hasta una violación,  temen al dolor, tienen  miedo de perder una familia y no por ellas pero si por sus hijos – hijas, ya que ésta es la red de apoyo más importante que la rodea en todas y cualquier circunstancia; y por último, tienen miedo y vergüenza a ser señaladas por la comunidad quien las juzga y las hacen sentir culpables  de haber desbaratado una familia.

7. Otro factor de exclusión que viven las mujeres es debido a la dificultad de la conectividad en las zonas rurales donde la brecha de acceso entre mujeres urbanas y rurales tiene una relación de 2 a 1. No pueden realizar las llamadas telefónicas a las líneas de apoyo y por otra parte se limitó la participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisión en asuntos de política para sus municipios. Especialmente en el primer semestre del año donde los municipios elaboraron su plan de desarrollo local para los próximos 4 años y era importante la voz de las mujeres y jóvenes para la incorporación de sus agendas ciudadanas entregadas a candidatos a la alcaldía en octubre de 2019.

En conclusión, todo este escenario permite dar cuenta de las afectaciones que sufren las mujeres, en primer lugar, por el riesgo mismo que representa la pandemia tanto a nivel físico como emocional y por otro lado por las inequidades históricas que enfrentan en cuanto al acceso a recursos como la tierra, la salud, apoyos financieros, entre otros, necesarios para el desarrollo de su autonomía y las garantías para el ejercicio de derechos.

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