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Comunicado público de las mujeres rurales colombianas

Comunicado público de las mujeres rurales colombianas

Desde cada rincón del campo colombiano,

20 de mayo de 2022

Considerando la deuda histórica sobre el reconocimiento de la diversidad de nosotras mujeres rurales, la garantía de nuestros derechos vigente, y en ocasión de la inclusión del enfoque de género en la Resolución 464 del 2017 sobre los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Étnico Comunitaria (ACFEC), nos hemos reunido para analizar el devenir estructural y coyuntural que enfrentamos en nuestros territorios.


Denunciamos la inoperatividad de la Ley 731 del 2002 de Mujer Rural para la superación de la desigualdad y exclusión que aún determina nuestros proyectos de vida. Enfatizamos en la necesidad de difundir la ley 1257 de 2008 para asegurar nuestro derecho a una vida libre de violencias; además de aclamar la socialización de la Ley 1413 de 2010 para avanzar en la democratización de la tareas de cuidado en nuestro país.


Como mujeres rurales, forjadoras de caminos, defensoras de derechos humanos, agrarios, territoriales, ambientales, económicos y constructoras de paz venimos dignificando la vida, denunciamos la grave situación que padecen nuestros territorios en términos de seguridad, condiciones mínimas de vida y afectaciones a nuestro buen vivir en medio de este escenario de sistemática impunidad. Nos sumamos y defendemos las demandas históricas de las organizaciones sociales de los sujetos populares del campo, a las que también pertenecemos. Sin embargo, como mujeres rurales tenemos vindicaciones particulares que es preciso posicionar. En ese sentido, organizamos y visibilizamos nuestras demandas a través de seis ejes temáticos que presentamos a continuación:

Economía del cuidado

• Nuestro trabajo de cuidado, indispensable para el sostenimiento de vida, continúa sin contar con condiciones dignas e integrales para su desarrollo, ni reglamentación alguna que lo reconozca, reduzca, redistribuya y resignifique.


• La economía del cuidado implica que podamos cuidar de nosotras y esta no es una posibilidad cuando no contamos con seguridad social mínima que incluya salud integral, que reconozca nuestros derechos sexuales y reproductivos; la salud mental y psicosocial; y la pensión para las mujeres rurales pescadoras, campesinas, coquicultoras, cuidadoras, artesanas, comerciantes, transformadoras, firmantes de paz, entre muchas otras.

Violencia

• Exigimos el cumplimiento de la ley 1257 de 2008 y Programa Integral de Garantías Para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD), adoptado por la Resolución 0845 de 2018, normativa que nos garantice una vida libre de violencias. Nuestra vida y dignidad, diaria- mente, se ven vulneradas por la reconfiguración del conflicto armado; la violencia patrimonial y económica que sufrimos en el campo; la violencia obstétrica que afecta nuestros derechos sexuales y reproductivos; la violencia sexual que sigue siendo un mensaje en sí mismo o la estrategia privilegiada para silenciar nuestros liderazgos y trabajo organizativo; la violencia económica que nos afecta y excluye, la violencia institucional que establece barreras para que podamos acceder de manera equitativa y justa a bienes y servicios; y la muerte que se asoma en nuestros hogares y territorios sin dar tregua.


• Las mujeres rurales hacemos parte significativa de “las sin tierra en este país”, donde la redistribución no aparece como prioridad y cada vez no relegan a minifundios o a “los patios traseros de las casas” que ni siquiera son propias o están a nuestros nombres.

Inclusión

• Para nosotras la inclusión ha sido un aspecto instrumentalizado, no basta con que haya presencia de mujeres en los espacios, necesitamos mujeres rurales que representen nuestros intereses en defensa de derechos económicos, políticos, culturales y sociales para la mejora de condiciones y las garantías de intervención y decisión.


• El campo envejece, nuestras mayores van partiendo y no se han generado espacios para la integración generacional, políticas que garanticen el reconocimiento y trabajo conjunto entre niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Acceso, calidad, permanencia

• No existe la justicia para las mujeres en la ruralidad en términos del derecho a la tierra y el territorio. No existen posibilidades reales de acceso a la tierra y, por el contrario, las últimas políticas de formalización han aumentado la brecha de género.


• Tenemos una institucionalidad para la guerra y seguimos muriendo en la impunidad.


• Seguimos perdiendo nuestros hijos en manos del reclutamiento forzado sin lograr protegerlos.


• Las mujeres rurales nos enfrentamos a la continuas violencias o círculo vicioso de exclusión y discriminación en el que no contamos ni con tierra, ni con insumos o capacitación para trabajarlas, o con garantías para la permanencia en nuestros territorios; y, a su vez, estas situaciones generan que no podamos acceder a financiamiento y, por ende, seguimos sin poder andar caminos hacia nuestra autonomía, que no sólo esperamos sea económica.

Autonomía

• No hay reconocimiento en el territorio para proteger los derechos que corresponden a la autonomía de las mujeres. La triple jornada, que se incrementó tras la pandemia, generó más pobreza de tiempo para nosotras, desgastes físicos y emocionales que influyen en este sueño que anhelamos.


• Exigimos el fortalecimiento y la promoción de las diferentes formas de comercialización, como ejemplo los mercados campesinos, las economías propias que impulsan nuestras organizaciones y asociaciones.


• La autonomía implica el respeto de nuestro derechos a la libre asociación que cada vez es más difícil en medio del asesinato a lideresas sociales; la criminalización de la protesta y el cambio de la gobernanza en nuestros territorios.


• Proponemos organizar el sistema de turismo rural en cabeza de organizaciones de mujeres como renglón económico alterno y como política especial de manejo ante el sistema turístico Nacional.


• Demandamos el desarrollo de programas especiales enfocados hacia la vivienda digna, educación y producción no bancarizados.

Datos específicos

• No poseemos un mapeo que identifique, en el territorio nacional, información fiable que nos visibilice.


• En la pandemia, nos convertimos en el caballito de batalla, para que se gastara un presupuesto que no se reflejó en el mejoramiento de las condiciones de las mujeres rurales en su diversidad, considerando que fuimos, somos y seremos el fundamento de la soberanía y autonomía alimentaria en el país.

Con base en lo anterior exigimos que:

1. El Estado colombiano, escuche, reconozca, garantice y viabilice las políticas públicas que correspondan a la integralidad de los derechos de las mujeres rurales.
2. Lo identificado en estos ejes temáticos, sea tratado de manera profunda y organizada, garantizando que cada ítem quede totalmente claro y escrito para su posterior puesta en marcha.
3. Lo avanzado con la Ley 731 del 2002, sea retomado, ajustado, concretado y puesto en marcha con base en los hallazgos que nosotras hemos puesto en distintos documentos a través de nuestra experiencia investigativa, organizativa y de ejecución.
4. Los derechos básicos en la ruralidad agua, las producciones bajo principios de agroecología, salud y educación integrales, gratuitas de calidad y en todos los niveles. Sean reconocidos, fortalecidos, priorizados e implementados en su implementación,
5. En la construcción e implementación de las exigencias las mujeres rurales tengamos una participación como mínimo del 50% en todos los escenarios de participación (construcción, seguimiento, implementación y veeduría) de las políticas rurales del país.

Amaneceres de sueños, al encuentro de las Campesinas de toda Colombia Fuente de Sabiduría y riquezas del Conocimiento vivo e histórico.
¡Que viva el campesinado y las comunidades étnicas!
que nos dejen vivir, que el campo sin campesinas existe sin existir.
Con la mujer en la casa, la reforma agraria se atrasa.

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